Authors:Cintia Karina Martínez, María Ibáñez Martín Pages: e0028 - e0028 Abstract: Los efectos sanitarios y económicos del COVID-19 desafían a los gobiernos y los obligan a implementar políticas para mitigar las consecuencias sobre el nivel de actividad. Los gobiernos locales carecen de herramientas para atender las demandas de los sectores económicos afectados. En este trabajo se busca indagar acerca de las dificultades que enfrenta el gobierno del municipio de Bahía Blanca para atender los requerimientos de los comerciantes locales. A partir del análisis del marco institucional y de un relevamiento realizado al sector comercial por la Comisión de Reactivación Económica convocada por el municipio en el contexto de la pandemia, se encuentran inconsistencias entre las demandas que los agentes económicos afectados realizan al gobierno municipal y la oferta de políticas públicas locales. El gobierno municipal tiene poco margen de acción y las políticas dependen de los gobiernos nacional y provinciales. Al mismo tiempo, los comerciantes muestran vulnerabilidad financiera lo que implica una fuerte dependencia de ayudas externas para sortear situaciones de riesgo o dificultades económico-financieras. PubDate: 2023-04-14 DOI: 10.14409/daapge.2022.38.e0028
Authors:Cinthia Noelia Aguirre Pages: e0027 - e0027 Abstract: En el presente artículo nos proponemos analizar el régimen disciplinario de las universidades nacionales argentinas frente a sus docentes regulares a la luz de la autonomía universitaria. Para ello, estudiaremos el plexo normativo aplicable a través de la Constitución Nacional, la ley Nº 24.521 y, en particular ciertos aspectos de las normas de la UBA, la UNC, la UNLP y la UNLaM. Advertimos que la regulación en dicha materia es una potestad exclusiva de las universidades, que existen dos procedimientos disciplinarios: el procedimiento administrativo y el juicio académico y, que la procedencia de uno u otro es en virtud de la falta cometida y, en consecuencia, de la sanción. Respecto al procedimiento administrativo, concluimos en que, en caso de ausencia de reglamentación, las universidades podrían aplicar el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por el decreto (PEN) Nº 467/99, pero con ciertos matices y, en relación al juicio académico, resultaría necesario que adecuen su reglamentación asegurando el derecho de defensa del docente y la potestad disciplinaria de dichas instituciones. Es decir, el problema se circunscribe a ciertos aspectos del procedimiento disciplinario PubDate: 2023-04-14 DOI: 10.14409/daapge.2022.38.e0027
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