Abstract: RESUMEN: En numerosas ocasiones, la Corte Suprema ha fallado casos de precario en los cuales el demandado justifica su ocupación a través del matrimonio. Frente a estos casos, la Corte Suprema mantiene dos líneas de razonamiento contradictorias. El propósito de este trabajo es doble. De una parte, se trata de mostrar estas líneas y su carácter contradictorio. De otra, es acerca de defender una de ellas como correcta y aplicarla. Al aplicarlas, se concluye que el matrimonio debe estar vigente, que no es una defensa en contra de terceros, salvo casos de fraude civil y que, existiendo un concurso entre la acción de precario y la de comodato precario, deben emplearse las normas sobre concursos.ABSTRACT: Many times, the Supreme Court has decided precario cases where the defendant argues marriage to justify his position. The Supreme Court holds two contradictory lines of reasoning. The purpose of this article is twofold. On the one hand is about to show these two lines and its contradictory character. On the other is about defending one of them as correct and apply it. Three conclusions emerge: First, marriage must exist. Second, besides civil fraud this defense is worthless regarding third parties. Three, concurring precarious action and precarious loan, then general rules of concourses must be used.
Abstract: RESUMEN: El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Cdpd) introduce un cambio de paradigma al reconocer personalidad jurídica y capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Establece un sistema de apoyo en la toma de decisiones y salvaguardias que garanticen el ejercicio de dicha capacidad. Estos tres ejes centrales y la eventual desaparición de la distinción entre capacidad de goce y de ejercicio, plantean importantes desafíos al legislador nacional en la adecuación normativa para adaptarse a la Convención, ratificada en 2008. Así, en los proyectos de ley para adaptar el Código Civil, debiera contenerse una definición de capacidad jurídica, establecer un sistema de apoyos basado en la voluntad y preferencias, contemplar medios de control periódicos y no descartar de plano la posibilidad de recurrir a la representación, en casos específicos.ABSTRACT: Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) introduces a paradigm shift by recognizing the personality and legal capacity of people with disabilities. Establishes a support system for decision-making and safeguards that guarantee the exercise of the capacity. These three central axes, as well as the eventual disappearance of the distinction between the capacity to enjoy and to exercise, pose important challenges to the chilean legislature in adapting regulations to adapt to the Convention, ratified in 2008. Thus, in bills to adapt the Code Civil, a definition of legal capacity should be contained, establish a support system based on the will and preferences, consider means of periodic control and not dismiss the chance to resort to representation, in specific situations.
Abstract: RESUMEN: El presente analiza la circunstancia del “mal producido por el delito” prevista en el artículo 69 del Código Penal, como aspecto relevante para la fijación de la cuantía exacta de las penas en ciertos casos del delito de violación. Sostiene que los bienes jurídicos protegidos por los delitos de violación de mujeres incluyen la autonomía reproductiva de estas. Propone que la interpretación judicial ha de entenderse en un Estado constitucional de Derecho como una práctica argumentativa y en tal sentido concluye que, para ser coherente con la lesión producida por el delito en estos casos, el embarazo a consecuencia del delito de violación ha de considerarse un mal, incluido en dicha regla del sistema de determinación de penas de nuestro ordenamiento.ABSTRACT: This paper analyzes the circumstance of evil produced provided in the 69 rule of the chilean Criminal Code, as a relevant aspect in which the exact amount of penalties for certain cases of the crime of rape must be considered. It proposes that the judicial interpretation must be understood in a constitutional State of Law as an argumentative practice, and that to be consistent with the injury caused by the crime in these cases, the pregnancy caused by the crime of rape must considered an evil.
Abstract: RESUMEN El objetivo del presente trabajo es analizar distintos problemas que pueden generarse en torno a la terminación del matrimonio y del acuerdo de unión civil, como consecuencia de la entrada en vigencia de distintas leyes que, al no haber implicado una reforma sistemática, produjeron algunas incoherencias en torno a este tema, entendiéndose que la comprobación judicial de la muerte pone término al matrimonio y que este y el acuerdo de unión civil terminan en la fecha de la desaparición; que el conviviente civil no es titular de la acción de nulidad del matrimonio posterior celebrado por su conviviente; que, en virtud de la sentencia que declara la nulidad del acuerdo, se entiende que nunca se formó la comunidad que pudo haberse pactado y que los hijos quedan sin su paternidad determinada, y que la rectificación del nombre o sexo registral por razón de identidad de género no pone término al acuerdo.ABSTRACT The present work aims to analyze several problems that can arise around the termination of the marriage and the civil union agreement, as a consequence of the entry into force of different Acts that, since they did not imply a systematic reform, produced some inconsistences regarding this subject, being understood that the judicial verification of death ends the marriage and that marriage and the agreement end on the date of the disappearance; that the civil partner is not entitled to demand the annulment of the marriage celebrated afterwards by his or her civil partner; that, due to the sentence that declares the annulment of the agreement, it is understood that the community of goods that may have been agreed never existed and that the children are left without a determined fatherhood, and that the rectification of registered name or sex due to identity of gender does not end the agreement.
Abstract: RESUMEN La comunidad de bienes es uno de los regímenes patrimoniales que contempla la Ley Nº 20830 que crea el Acuerdo de Unión Civil. Este es, de hecho, el más utilizado por las parejas que deciden celebrar dicho contrato. El objetivo de esta investigación es realizar un análisis crítico sobre la comunidad de bienes, su creación, administración y terminación. Para ello, se realiza un análisis eminentemente conceptual y comparativo. Además, se han introducido elementos sociológicos que permiten observar la influencia de la relación sustantiva de los convivientes civiles, en el diseño normativo de la comunidad de bienes. Con base en lo anterior, dicho régimen se caracteriza como uno excesivamente rígido, individualista y patrimonialista. Para corregir sus deficiencias, se propone orientar su enfoque hacia un modelo de “familia-comunidad”, que organice el acervo en torno a los fines de la familia.ABSTRACT The joint-ownership is one of the property regimes contemplated by Law No. 20.830, that creates the Civil Union Agreement. This is, in fact, the most used by couples who decide to enter into such contract. The objective of this research is to make a critical analysis of the joint-ownership, its creation, administration and termination. For this purpose, an eminently conceptual and comparative analysis is carried out. In addition, sociological elements have been introduced to observe the influence of the substantive relationship of the civil partners, in the normative design of the joint-ownership regime. Based on the above, this regime is characterized as excessively rigid, individualistic and patrimonialist. In order to correct its deficiencies, it is proposed to orient its scope towards a "family-community" model, that organizes the assets around the purposes of the family.
Abstract: RESUMEN El presente trabajo tiene por objeto establecer cuáles son los aspectos que han dificultado la concretización de la participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Para ello se analiza la institucionalidad actual, su evolución, las falencias detectadas y los proyectos de ley que buscan salvarlas. El punto central de este trabajo es que existe ausencia de criterios sustantivos en etapas clave de la participación ciudadana y ello ha dificultado el alcance y efectividad de ésta. Dicha ausencia no ha sido abordada de una manera profunda, tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia. En este sentido, se encuentran dos deficiencias, las cuales son el concepto de cargas ambientales y la debida consideración de las observaciones.ABSTRACT This paper aims to establish which are the aspects that have made it difficult to achieve citizen participation in the Environmental Impact Assessment System. To do this, the paper analyzes the current institutional framework, its evolution, the shortcomings detected and the bills that seek to save them. The central point of this paper is that there is an absence of substantive criteria in key stages of citizen participation and this has made it difficult to achieve and effective. Said absence has not been addressed in a profound way, both by doctrine and jurisprudence. In this sense, there are two deficiencies, which are the concept of environmental loads and the due consideration of the observations.
Abstract: RESUMEN Pueblo indígena Xucuru y sus miembros con Brasil, y Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) con Argentina, son los casos más recientes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto sobre propiedad indígena y tribal. Ambas sentencias son relevantes. La primera, por desarrollar la obligación estatal de saneamiento de los territorios y tierras indígenas. La segunda, por desvincular al derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas de su propiedad colectiva, catalogándolo como un derecho económico, social y cultural autónomo. El presente trabajo analiza estas decisiones judiciales, destacando la potencial superación del esencialismo, que ha caracterizado a dicha jurisprudencia, en la última de las sentencias estudiadas. Este último aspecto es de suma importancia, pues al desligar la identidad cultural de la propiedad comunal, se fortalece la protección convencional de pueblos que, como toda colectividad, están destinados a mutar permanentemente.ABSTRACT Xucuru Indigenous People and its Members v. Brazil, and Indigenous Communities of the Lhaka Honhat Association (Our Land) v. Argentina, are the latest cases on indigenous and tribal property settled by the Inter-American Court of Human Rights. Both judgments are relevant. The first one, for developing the state obligation of final delivery of indigenous territories and lands, free from disturbance. The second one, for detaching the right of cultural identity of indigenous peoples from their collective property, categorizing it as an autonomous economic, social and cultural right. This work analyzes these judicial decisions, highlighting the most recent one’s potential to overcome the essentialism, that has characterized such case-law. This last aspect is of the utmost importance, for decoupling cultural identity from communal property strengthens the conventional protection of peoples destined to constantly change, like any other collectivity.
Abstract: RESUMEN El autor comenta una sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción que impone a una persona inimputable una medida de seguridad, aun cuando se establece en la sentencia que éste actuó sin dolo. Lo anterior pone de relevancia la problemática en torno a si la conformación del injusto que fundamenta la imposición de una consecuencia jurídica por la comisión de un delito, tiene un contenido diverso según se trate de un imputable o no. La respuesta afirmativa a tal interrogante llevaría a la renuncia de la exigencia de imputación subjetiva cuando se trata de una actuación no culpable. Concluye el autor que el tratamiento normativo del inimputable sigue siendo una tarea pendiente.ABSTRACT The author comments on a sentence of the Criminal Oral Trial Court of Concepción that imposes a security measure on an imputable person, even when it is established in the sentence that he acted without malice. This raises the issue of whether the unjustness that is the basis for the imposition of a legal consequence for the commission of a crime has a different content depending on whether or not the person is imputable. The affirmative answer to this question would lead to the waiver of the requirement of subjective imputation in the case of a non-culpable act. The author concludes that the normative treatment of the unimputable remains a pending task.
Abstract: RESUMEN El Tercer Tribunal Ambiental, en aplicación de la teoría de la invalidación impropia, ha entendido que la norma de clausura del artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600 no resulta aplicable al recurso de invalidación, así resulta posible en la jurisprudencia de dicho tribunal, que respecto de una misma Resolución de Calificación Ambiental se presenten distintas vías recursivas tendientes a su nulidad. En este trabajo abordaremos específicamente la relación entre el recurso del 17 N° 6 y el 17 N°8, junto con un análisis crítico la propuesta de solución que el Tercer Tribunal Ambiental ha sostenido, consistente en que conseguida la declaración de nulidad respecto de una de las acciones (en su propio proceso) la otra (ventilada en un proceso distinto) perdería, al perseguir una nulidad que ya se ha declarado, de forma sobreviniente su objeto.ABSTRACT The Third Environmental Court, applying the theory of improper invalidation, has understood that the closing rule of Article 17 N° 8 of Law No. 20,600 is not applicable to the appeal for invalidation. Thus, it is possible according to this court jurisprudence, that with respect to the same Environmental Qualification Resolution, different appeals for its nullity may be filed. In this paper we will specifically address the relationship between the articles 17 No. 6 and 17 No. 8 appeals, together with a critical analysis of the proposed solution that the Third Environmental Court has upheld. This solution consists in the fact that once a declaration of nullity has been obtained with respect to one of the actions, the other, initiated in a different proceeding, would superveniently lose its object, since it is pursuing a nullity that has already been declared.
Abstract: RESUMEN: En el presente comentario se formula una crítica al tratamiento que la Corte Suprema le brinda a la sentencia de reemplazo en el marco del recurso de casación en el fondo, respecto de una sentencia definitiva en que no se establecieron los hechos de la causa. La Corte, acogiendo dicho recurso, dictó una sentencia de reemplazo que, sin referirse a los hechos, reenvió la tarea de su establecimiento al tribunal inferior. Con ello, se vulneró el sistema adoptado por nuestro proceso civil en esta materia.ABSTRACT: This comment formulates a criticism of the treatment that the Chilean Supreme Court gives to the replacement decision in the frame of the appeal for annulment of judgment, with respect to a judgement in which the facts of the case were not established. The Court, accepting said appeal, issued a replacement judgment that, without referring to the facts, forwarded the task of its establishment to the lower court. With this, the system adopted by our civil process in this matter was violated.
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